La Ciudad de la Justicia está siendo vigilada desde su inauguración, en enero pasado, por la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, que tiene vivos en ese mismo edificio decenas de pleitos en todas las jurisdicciones (laboral, civil, penal y contencioso-administrativa), el último de ellos una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos por presunto fraude fiscal en el pago de emolumentos a sus empleados.
Los jueces prefieren que las nuevas instalaciones vuelvan a estar custodiadas por la Guardia Civil, como ocurriera hasta hace pocas semanas con el edificio de la calle Granadera Canaria, que el Gobierno regional dedicará ahora a dependencias de la Consejería de Educación. En caso de que la Guardia Civil alegara falta de efectivos, los magistrados proponen que sea la Policía Canaria quien se ocupe.
Seguridad Integral Canaria se hizo cargo de la custodia de la Ciudad de la Justicia casi de modo automático al no haber caducado el contrato que mantiene con la Consejería de Presidencia por el que custodiaba numerosas sedes alquiladas en las que hasta ahora se encontraban dispersos los juzgados del partido judicial.
La Ciudad de la Justicia está custodiada por tan solo 4 Vigilantes de Seguridad.
La Guardia Civil se retiró de la vigilancia del edificio judicial sin que haya habido explicaciones a los jueces. De manera oficiosa saben que no había problemas desde el instituto armado para continuar con esa tarea pero la Delegación del Gobierno ordenó que cesara.
Por su parte, la Policía Canaria tiene entre sus cometidos legales la custodia de edificios públicos propiedad de la Comunidad Autónoma, como es el caso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario