El Pleno del Senado dió este miércoles luz verde al Proyecto de Ley de Seguridad Privada tras rechazar los cinco vetos presentados por la oposición e incorporar medio centenar de enmiendas al articulado, con lo que el texto volverá ahora al Congreso para su aprovación definitiva.
El Senado ha tumbado, con el rechazo de los populares, los vetos formulados por el Grupo Mixto, Entesa y los Socialistas y ha aprobado medio centenar de enmiendas parciales al articulado, la mayoría de carácter técnico.
jueves, 13 de marzo de 2014
martes, 11 de marzo de 2014
Denuncia a la empresa que custodia el centro de Barros
La Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Asturias ha propuesto incoar un expediente sancionador por una infracción muy grave a la normativa de Seguridad Privada a la empresa que presta el servicio de vigilancia en el Centro de Discapacitados Stephen Hawking de Langreo, aseguró la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa).
Este colectivo denunció previamente que los servicios de control de accesos y seguridad en el edificio de Barros, que realiza Silicia Servicios Integrales, del grupo Sabico, son prestados por "personal sin cualificación profesional ni Vigilantes de Seguridad" ya que su categoría profesional es la de "controlador o auxiliar de servicios".
El coordinador general de Avispa, Jorge Fernández Cuesta, indicó que esta "infracción" podría suponer "una sanción de hasta 30.000 euros". El informe será remitido a la Delegación del Gobierno. La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada aseguró que la seguridad del centro de discapacitados "debe ser ejercida, única y exclusivamente, por parte de Vigilantes de Seguridad Privada habilitados por el Ministerio del Interior, y no por auxiliares de servicio".
El colectivo presentó en octubre del año pasado ante Delegación del Gobierno una denuncia para que se investigase esta situación. La Asociación hizo referencia al artículo 11.1 de la Ley 23/1992, de 30 de Julio, y el artículo 71 de su reglamento de desarrollo, que enumeran las funciones que desarrollan los Vigilantes de Seguridad. Recientemente han recibido la respuesta de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional.
Este colectivo denunció previamente que los servicios de control de accesos y seguridad en el edificio de Barros, que realiza Silicia Servicios Integrales, del grupo Sabico, son prestados por "personal sin cualificación profesional ni Vigilantes de Seguridad" ya que su categoría profesional es la de "controlador o auxiliar de servicios".
El coordinador general de Avispa, Jorge Fernández Cuesta, indicó que esta "infracción" podría suponer "una sanción de hasta 30.000 euros". El informe será remitido a la Delegación del Gobierno. La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada aseguró que la seguridad del centro de discapacitados "debe ser ejercida, única y exclusivamente, por parte de Vigilantes de Seguridad Privada habilitados por el Ministerio del Interior, y no por auxiliares de servicio".
El colectivo presentó en octubre del año pasado ante Delegación del Gobierno una denuncia para que se investigase esta situación. La Asociación hizo referencia al artículo 11.1 de la Ley 23/1992, de 30 de Julio, y el artículo 71 de su reglamento de desarrollo, que enumeran las funciones que desarrollan los Vigilantes de Seguridad. Recientemente han recibido la respuesta de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional.
jueves, 6 de marzo de 2014
Concentración trabajadores de Alerta y Control
Más de 200 Vigilantes de Seguridad de la empresa "Alerta y Control" se han concentrado hoy a las puertas de los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla en protesta por el "incumplimiento del convenio colectivo pactado" y han advertido que "sin convenio nacional, los juzgados estarán sin seguridad".
"Seguridad Privada, defendamos nuestros empleos. No a los recortes", "No más recortes. No más descuelgues" o "sin convenio nacional, juzgados sin seguridad" son algunas de las reivindicaciones que se podían leer en las pancartas que han exhibido los concentrados. La manifestación estaba contenida por una barrera de unos 10 policías nacionales.
La concentración, convocada por CC.OO., se enmarca en la campaña de movilizaciones y acciones que está secundando el colectivo para protestar por la situación en la que se encuentran. Denuncian que las patronales del sector y sus empresas "no quieren cumplir con lo firmado en el convenio colectivo". Y han dicho basta.
El sindicato sostiene que Alerta y Control, que presta servicio para la Comunidad de Madrid, se ha descolgado del acuerdo sobre la congelación salarial del Sima (APROSER, FES, UAS, UGT y USO). Desde la empresa señalan que "se encuentra inmersa en un periodo de negociaciones con los representantes de sus trabajadores y sus sindicatos con el fin de buscar una solución conjunta a la viabilidad de la empresa".
Según la empresa, en caso de no llegar a ningún acuerdo "adoptaría las medidas menos gravosas para su plantilla, dentro del marco legal actual, pero siempre bajo el prisma de la viabilidad futura y el mantenimiento de los puestos de trabajo".
Óscar Verduras, responsable de CC.OO. de este sector, ha asegurado que ha revisado la información económica de esta empresa y se puede asegurar que no hay "ningún problema de solvencia económica". "No hay justificación para un descuelgue salarial", ha aseverado.
De igual modo, Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad - Madrid, ha señalado que Alerta y Control está incumpliendo el pacto, teniendo en cuenta el sacrificio que ya han hecho los trabajadores de contención salarial de un 5%.
"Quieren una rebaja total de un 10% sobre un sueldo de 900 euros y esto no puede ser", ha criticado el sindicalista, quien ha cargado contra Alerta y Control por ser "la única que ha decidido seguir adelante". "Estamos valorando una huelga, pero primero hay que buscar una solución", ha indicado.
En un escrito, el Sindicato Libre de Seguridad - Madrid solicita a la Consejería de Presidencia y Justicia que tome las medidas oportunas para que se cumpla el convenio que se pactó entre la Consejería y la empresa Alerta y Control con la finalidad de que los trabajadores no sufran "una rebaja de su contribución actual".
Ante esta situación, los Vigilantes de Seguridad que pertenecen a Alerta y Control, como los de los juzgados de la región, amenazan con "llegar hasta donde sea necesario", por lo que no descartan una medida extrema como una posible huelga. Eso afectaría a la seguridad de los espacios y edificios públicos de la región.
Según CC.OO., "las empresas que anunciaron no poder asumir lo que pactaron en convenio colectivo, no hace apenas un año, amenazaron con aplicar la reforma laboral si los trabajadores no se rebajaban el sueldo".
El sindicato ha explicado que la solución requerida por parte empresarial, rebaja salarial de un 1'8%, fue asumida el pasado 21 de Febrero en un acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje por los sindicatos UGT y USO.
El acuerdo fue rechazado por CC.OO. al considerarlo como "insuficiente", por no recoger las expectativas y necesidades mínimas que los trabajadores del sector tienen y reclaman. Aunque la mayoría de empresas del sector han anunciado la cancelación de los expedientes, algunas como Alerta y Control ha declarado su intención de seguir adelante con un descuelgue salarial.
En un comunicado, Alerta y Control ha señalado que el acuerdo alcanzado en el SIMA por las asociaciones empresariales y los sindicatos del sector, "no hace sino mantener las tablas salariales de 2.013".
No obstante, precisa que "los costes se han visto incrementaados por la publicación el RDL 16/2013 que obliga a las empresas de seguridad a cotizar el plus de transporte, concepto exento hasta la publicación de ese RDL, y que supone un incremento de costes salariales inasumible teniendo en cuenta la coyunturra económica del sector.
"Seguridad Privada, defendamos nuestros empleos. No a los recortes", "No más recortes. No más descuelgues" o "sin convenio nacional, juzgados sin seguridad" son algunas de las reivindicaciones que se podían leer en las pancartas que han exhibido los concentrados. La manifestación estaba contenida por una barrera de unos 10 policías nacionales.
La concentración, convocada por CC.OO., se enmarca en la campaña de movilizaciones y acciones que está secundando el colectivo para protestar por la situación en la que se encuentran. Denuncian que las patronales del sector y sus empresas "no quieren cumplir con lo firmado en el convenio colectivo". Y han dicho basta.
El sindicato sostiene que Alerta y Control, que presta servicio para la Comunidad de Madrid, se ha descolgado del acuerdo sobre la congelación salarial del Sima (APROSER, FES, UAS, UGT y USO). Desde la empresa señalan que "se encuentra inmersa en un periodo de negociaciones con los representantes de sus trabajadores y sus sindicatos con el fin de buscar una solución conjunta a la viabilidad de la empresa".
Según la empresa, en caso de no llegar a ningún acuerdo "adoptaría las medidas menos gravosas para su plantilla, dentro del marco legal actual, pero siempre bajo el prisma de la viabilidad futura y el mantenimiento de los puestos de trabajo".
Óscar Verduras, responsable de CC.OO. de este sector, ha asegurado que ha revisado la información económica de esta empresa y se puede asegurar que no hay "ningún problema de solvencia económica". "No hay justificación para un descuelgue salarial", ha aseverado.
De igual modo, Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad - Madrid, ha señalado que Alerta y Control está incumpliendo el pacto, teniendo en cuenta el sacrificio que ya han hecho los trabajadores de contención salarial de un 5%.
"Quieren una rebaja total de un 10% sobre un sueldo de 900 euros y esto no puede ser", ha criticado el sindicalista, quien ha cargado contra Alerta y Control por ser "la única que ha decidido seguir adelante". "Estamos valorando una huelga, pero primero hay que buscar una solución", ha indicado.
En un escrito, el Sindicato Libre de Seguridad - Madrid solicita a la Consejería de Presidencia y Justicia que tome las medidas oportunas para que se cumpla el convenio que se pactó entre la Consejería y la empresa Alerta y Control con la finalidad de que los trabajadores no sufran "una rebaja de su contribución actual".
Ante esta situación, los Vigilantes de Seguridad que pertenecen a Alerta y Control, como los de los juzgados de la región, amenazan con "llegar hasta donde sea necesario", por lo que no descartan una medida extrema como una posible huelga. Eso afectaría a la seguridad de los espacios y edificios públicos de la región.
Según CC.OO., "las empresas que anunciaron no poder asumir lo que pactaron en convenio colectivo, no hace apenas un año, amenazaron con aplicar la reforma laboral si los trabajadores no se rebajaban el sueldo".
El sindicato ha explicado que la solución requerida por parte empresarial, rebaja salarial de un 1'8%, fue asumida el pasado 21 de Febrero en un acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje por los sindicatos UGT y USO.
El acuerdo fue rechazado por CC.OO. al considerarlo como "insuficiente", por no recoger las expectativas y necesidades mínimas que los trabajadores del sector tienen y reclaman. Aunque la mayoría de empresas del sector han anunciado la cancelación de los expedientes, algunas como Alerta y Control ha declarado su intención de seguir adelante con un descuelgue salarial.
En un comunicado, Alerta y Control ha señalado que el acuerdo alcanzado en el SIMA por las asociaciones empresariales y los sindicatos del sector, "no hace sino mantener las tablas salariales de 2.013".
No obstante, precisa que "los costes se han visto incrementaados por la publicación el RDL 16/2013 que obliga a las empresas de seguridad a cotizar el plus de transporte, concepto exento hasta la publicación de ese RDL, y que supone un incremento de costes salariales inasumible teniendo en cuenta la coyunturra económica del sector.