El intrusismo ha sido siempre un problema en el sector de la Seguridad Privada. Pero con la crisis se ha agravado. Cada vez son más los expedientes que se tramitan a empresas “piratas”.
Con la que está cayendo, los empresarios meten la tijera a sus gastos y en el primer sitio en el que recortan es en la seguridad.
La consecuencia es que terminan contratando personal sin habilitación para que hagan las funciones de vigilancia. No están preparados, pero resulta más barato. Lo que quizás no sepan es que se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 3.000 euros.
La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, es decir, uniforman a un trabajador y le encomiendan labores de vigilancia para las que no está preparado.
Detrás de muchas personas que trabajan como guardas, auxiliares de servicios, auxiliares de seguridad, controladores de accesos o conserjes, lo que hay son intrusos que ejercen unas labores de seguridad que la Ley de Seguridad Privada sólo permite realizar a los vigilantes habilitados por el Ministerio del Interior. Sólo pueden llevar uniforme, defensa y grilletes y llevar la placa distintivo los vigilantes que estén autorizados.
