El Ministerio del Interior ha confirmado lo que ya estaba previsto: que privatizará la seguridad exterior de todas las cárceles españolas. Ahora, esta vigilancia privada sólo funciona en 21 centros penitenciarios como proyecto piloto, en un sistema mixto en el que agentes privados refuerzan la labor de la Guardia Civil. Pero el pasado 24 de abril, el Gobierno anunció que "en la segunda fase se incorporarán los restantes centros penitenciarios". Hay 63 prisiones que dependen del Estado (las 14 de Cataluña dependen de la Generalitat), por lo que el Ejecutivo del PP tiene previsto llevar la vigilancia privada a los 42 centros que aún no la tienen. No hay fecha para la implantación de esta segunda fase. Tampoco se ha informado de cuánto costará, ya que el Gobierno matiza que "no es posible en estos momentos cuantificar el coste que supondrán estos servicios".
El Gobierno sí asegura que en los diez meses que lleva operativo el proyecto piloto este ha sido positivo, ya que "los servicios prestados han cumplido en su totalidad las condiciones establecidas en el contrato". Interior no puede dar información del informe de evaluación del plan piloto porque "está basado en datos operativos y afectan a la seguridad de los centros".
José Ramón López, presidente del sindicato ACAIP, critica la falta de transparencia que siempre ha rodeado este proceso de privatización. "Nunca nos han informado ni nos han dado cifras: costes, efectivos contratados, que empresas privadas se llevarán el servicio...y faltaría más que el proyecto piloto no saliera bien. Si antes, por ejemplo, habían 12 guardias civiles vigilando un perímetro, y durante 10 meses han seguido los doce guardias más cuatro vigilantes privados, cómo para no salir bien".
Adolfo Fernández, de CSIF-Instituciones Penitenciarias, cree que el Gobierno persigue sustituir el modelo público por el privado. "No sabemos si el proyecto piloto ha salido bien. Eso dice el Gobierno. El oscurantismo en este tema es total. Pero en la prisión de Teixeiro, en A Coruña, alguien pintó las paredes de la cárcel, algo que no había pasado antes, lo que demuestra que hubo fallos". Ocho empresas privadas fueron las adjudicatarias del proyecto piloto en 21 prisiones: Ombuds, Coviar, Seguriber, Segur Iberica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabico y Vinsa.
Lo que se prevé, señalan desde ACAIP, es implantar un sistema mixto en la seguridad exterior de las cárceles. Es decir, que los vigilantes privados nunca estén solos, sino supervisados por un pequeño retén de la Guardia Civil. Como pasa en los aeropuertos. La argumentación de Interior es que con la actual limitación de contratación pública provocada por la crisis (se han perdido casi 3000 policías nacionales en solo dos años y hay 2570 guardias civiles menos), gran parte de los agente de las prisiones se podrán destinar a otras funciones.
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